Uno de los conflictos más habituales en los procedimientos de divorcio es determinar quién puede continuar viviendo en el domicilio familiar después de la separación. Pero ¿qué sucede cuando se establece una custodia compartida? ¿Puede uno de los progenitores quedarse en la vivienda indefinidamente?
El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre esta cuestión en su Sentencia de 21 de abril de 2025, en la que insiste en que, cuando existe un régimen de guarda y custodia compartida, la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener carácter temporal.
En el caso analizado, el Alto Tribunal estableció un plazo de cinco años, recordando que la vivienda familiar no puede atribuirse automáticamente a uno de los progenitores de manera indefinida por el simple hecho de tener hijos menores de edad.
Esta resolución resulta especialmente relevante para los procedimientos de divorcio con custodia compartida, en los que la organización de la convivencia de los hijos y el destino de la vivienda constituyen dos de las cuestiones más importantes de la negociación.
¿Quién tiene derecho a quedarse en la vivienda familiar cuando hay custodia compartida?
Cuando se produce una separación o divorcio, es frecuente que ambos progenitores quieran continuar utilizando la vivienda familiar.
En los supuestos de custodia exclusiva, el artículo 96 del Código Civil establece, como regla general, que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos menores y al progenitor con el que quedan en compañía, con las particularidades y límites previstos legalmente.
Sin embargo, cuando se establece una custodia compartida, la situación es diferente.
En estos casos, los hijos conviven con ambos progenitores durante los periodos que se establezcan judicialmente, por lo que no existe un único domicilio de convivencia que determine automáticamente la atribución de la vivienda.
Por ello, el Tribunal Supremo viene señalando que no resulta aplicable de forma directa la regla prevista para los supuestos de custodia exclusiva.
La solución exige valorar las circunstancias concretas de cada familia.
El Tribunal Supremo establece que el uso de la vivienda en custodia compartida debe ser temporal
La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2025, cuya ponente fue la magistrada María de los Ángeles Parra Lucán, vuelve a insistir en una doctrina que ya había sido desarrollada en resoluciones anteriores.
Cuando existe custodia compartida, la atribución del uso de la vivienda familiar debe realizarse atendiendo fundamentalmente a dos criterios:
1. El interés más necesitado de protección.
El Juzgado debe valorar cuál de los progenitores se encuentra en una situación de mayor necesidad habitacional y si la atribución temporal de la vivienda resulta necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento de la custodia compartida.
Por ejemplo, puede ocurrir que uno de los progenitores tenga una capacidad económica considerablemente inferior y necesite un periodo de adaptación para encontrar una vivienda adecuada en la que atender a sus hijos.
2. La titularidad de la vivienda.
También debe analizarse si el inmueble pertenece a ambos progenitores o si es propiedad exclusiva de uno de ellos.
No es lo mismo atribuir temporalmente el uso de una vivienda común que imponer a uno de los progenitores la obligación de permitir que su expareja continúe utilizando un inmueble de su exclusiva propiedad.
En cualquier caso, la doctrina jurisprudencial exige que la atribución del uso esté sometida a un plazo.
La custodia compartida no justifica, por sí sola, que uno de los progenitores disfrute indefinidamente de la vivienda familiar mientras el otro permanece privado de su utilización.
¿Por qué el Tribunal Supremo fijó un plazo de cinco años?
En la resolución de 21 de abril de 2025, el Tribunal Supremo consideró procedente limitar temporalmente la atribución del uso de la vivienda familiar, estableciendo un plazo de cinco años.
Lo importante de esta sentencia no es únicamente la duración del plazo, sino el criterio jurídico que reafirma.
La atribución de la vivienda debe permitir que la familia se adapte a la nueva situación derivada de la ruptura, pero no puede convertirse en una situación de desequilibrio permanente entre los progenitores.
El uso de la vivienda no debe confundirse con su propiedad.
Que uno de los progenitores tenga atribuido judicialmente el uso del inmueble no significa que adquiera su titularidad ni que pueda disponer libremente de él.
Tampoco implica que el otro progenitor pierda sus derechos como propietario.
El plazo de cinco años responde a las circunstancias del caso concreto y no constituye una duración general aplicable a todos los divorcios con custodia compartida.
¿Cuánto tiempo puede atribuirse el uso de la vivienda familiar?
Una de las cuestiones que más dudas genera es si existe un plazo máximo legal para permanecer en la vivienda familiar cuando se establece una custodia compartida.
La respuesta es que no existe un plazo único aplicable a todos los casos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha contemplado diferentes soluciones en función de las circunstancias familiares y económicas.
Entre ellas, encontramos atribuciones temporales de uno, dos o tres años, periodos más amplios cuando las circunstancias lo justifican e incluso fórmulas de uso por anualidades alternas.
Lo esencial es que el Juzgado motive por qué considera adecuado el plazo establecido.
Para ello, pueden valorarse aspectos como la situación económica de los progenitores, la disponibilidad de otras viviendas, la titularidad del inmueble, las necesidades de los hijos y la posibilidad real de que ambos progenitores puedan organizar sus respectivos domicilios.
Por tanto, no puede afirmarse que la vivienda deba atribuirse siempre durante dos años, tres años o cinco años.
Cada procedimiento requiere un análisis individualizado.
¿Qué sucede si la vivienda familiar es propiedad de ambos progenitores?
Cuando la vivienda pertenece a ambos, la atribución judicial de su uso a uno de ellos no modifica los porcentajes de propiedad.
Esto significa que, aunque uno de los progenitores continúe residiendo en el inmueble durante el plazo establecido judicialmente, ambos mantienen sus respectivos derechos sobre la vivienda.
En estos supuestos, resulta especialmente importante diferenciar tres cuestiones:
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La propiedad del inmueble: determina a quién pertenece jurídicamente la vivienda.
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El derecho de uso: establece quién puede ocuparla durante el periodo fijado.
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Las obligaciones económicas: permiten determinar cómo deben atenderse la hipoteca, los gastos de comunidad, los impuestos y los suministros.
Estas cuestiones no tienen necesariamente que resolverse de la misma manera.
Por ejemplo, la atribución del uso de la vivienda a uno de los progenitores no significa automáticamente que el otro quede liberado de las obligaciones hipotecarias que haya asumido frente a la entidad bancaria.
Del mismo modo, determinados gastos vinculados al uso cotidiano del inmueble pueden recibir un tratamiento distinto de aquellos derivados de su titularidad.
Por eso, cuando se negocia un convenio regulador, es fundamental concretar expresamente quién asumirá cada gasto y durante cuánto tiempo.
¿Y si la vivienda es propiedad exclusiva de uno de los progenitores?
La titularidad privativa de la vivienda es una circunstancia especialmente relevante.
Si el inmueble pertenece exclusivamente a uno de los progenitores, atribuir su uso al otro supone una limitación temporal de las facultades del propietario.
Por ello, el Tribunal Supremo exige valorar cuidadosamente las circunstancias que justifican esa atribución.
Puede resultar razonable establecer un periodo transitorio cuando sea necesario proteger al progenitor que se encuentra en una situación económica más vulnerable y garantizar la estabilidad de los hijos.
Sin embargo, esa necesidad debe ponderarse con el derecho de propiedad del otro progenitor.
En consecuencia, la atribución del uso de una vivienda privativa en un régimen de custodia compartida no debe entenderse como una medida automática ni indefinida.
¿Qué ocurre cuando termina el plazo de uso de la vivienda familiar?
Una vez finalizado el periodo establecido judicialmente, cesa el derecho de uso atribuido en los términos de la resolución, sin perjuicio de que puedan existir circunstancias sobrevenidas que justifiquen solicitar una modificación de medidas.
Si la vivienda es propiedad de ambos progenitores, será necesario decidir qué hacer con ella.
Entre las alternativas que pueden plantearse se encuentran su venta a un tercero, la adjudicación a uno de los copropietarios mediante la correspondiente compensación económica o la extinción del condominio.
No obstante, estas operaciones patrimoniales deben distinguirse del procedimiento de familia y requieren analizar las circunstancias jurídicas y económicas de cada caso.
Una cuestión especialmente importante es no confundir la finalización del derecho de uso con la extinción de la copropiedad.
El hecho de que termine el plazo durante el cual uno de los progenitores puede ocupar la vivienda no significa que automáticamente deje de ser propietario, ni que la vivienda se venda por sí sola.
¿Es recomendable pactar el uso de la vivienda familiar en el convenio regulador?
Desde mi experiencia como abogada de familia en Madrid, considero que la regulación del uso de la vivienda familiar es una de las cuestiones que más cuidadosamente deben negociarse en un divorcio.
En muchas ocasiones, los progenitores centran toda su atención en el régimen de custodia y en las pensiones de alimentos, dejando en un segundo plano las consecuencias económicas y patrimoniales de la ruptura.
Sin embargo, una regulación poco precisa de la vivienda puede convertirse en una importante fuente de conflictos posteriores.
Por ello, siempre que sea posible, recomiendo que el convenio regulador establezca claramente el plazo de atribución del uso, la distribución de los gastos, las condiciones de entrega de la vivienda y, cuando proceda, las previsiones relativas a su futura venta o adjudicación.
También es importante evitar acuerdos que, aunque inicialmente puedan parecer sencillos, resulten difíciles de ejecutar en la práctica.
Un convenio regulador debe aportar seguridad jurídica y permitir que ambas partes conozcan exactamente cuáles son sus derechos y obligaciones.
Abogado de familia en Madrid: asesoramiento sobre custodia compartida y vivienda familiar
La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2025 vuelve a recordar que la atribución del uso de la vivienda familiar en los supuestos de custodia compartida debe responder a una necesidad concreta, estar debidamente justificada y tener una duración limitada.
Esto no significa que uno de los progenitores tenga que abandonar inmediatamente la vivienda cuando se acuerde una custodia compartida, ni que exista un plazo idéntico para todas las familias.
Significa que la decisión debe adoptarse teniendo en cuenta las circunstancias económicas, familiares y patrimoniales de ambos progenitores, evitando que una medida concebida para facilitar la reorganización familiar se prolongue injustificadamente en el tiempo.
En Izaskun Uriarte – Abogada de Familia & Coach, despacho de Derecho de Familia en Madrid, asesoro y represento a clientes en procedimientos de divorcio, custodia compartida, atribución del uso de la vivienda familiar, modificación de medidas y conflictos patrimoniales derivados de la ruptura.
Si estás atravesando una separación y tienes dudas sobre quién puede quedarse en la vivienda familiar, durante cuánto tiempo o qué ocurre cuando la casa pertenece a ambos, es importante estudiar tu situación antes de aceptar un acuerdo o iniciar un procedimiento judicial.
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Referencia jurisprudencial: Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2025, ponente María de los Ángeles Parra Lucán. Doctrina sobre la atribución temporal del uso de la vivienda familiar en supuestos de custodia compartida, en relación con el artículo 96 del Código Civil.