La elección del colegio de los hijos puede convertirse en uno de los principales motivos de conflicto tras una separación o divorcio. ¿Qué sucede cuando uno de los progenitores quiere un colegio religioso y el otro prefiere una educación laica? ¿Puede decidir quien tiene la custodia? ¿Es necesario acudir al Juzgado?
Estas cuestiones han sido abordadas por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 26/2024, de 14 de febrero, que establece importantes criterios sobre la elección del centro escolar, el ejercicio de la patria potestad y la protección de los derechos fundamentales de los menores.
Como abogada especializada en Derecho de Familia en Madrid, considero especialmente relevante esta resolución porque recuerda que las decisiones educativas no deben convertirse en una disputa entre los derechos de los progenitores, sino que deben resolverse atendiendo, por encima de todo, al interés superior de los hijos.
¿Quién decide el colegio de los hijos cuando los padres están separados o divorciados?
Una de las dudas más frecuentes que surgen tras una separación es si el progenitor que tiene atribuida la guarda y custodia puede elegir libremente el colegio de sus hijos.
La respuesta, con carácter general, es no.
Debemos distinguir entre dos conceptos jurídicos que, aunque están relacionados, no significan lo mismo: la guarda y custodia y la patria potestad.
La guarda y custodia se refiere fundamentalmente a la convivencia y atención cotidiana de los hijos. La patria potestad, por su parte, comprende las responsabilidades y facultades de los progenitores respecto de las decisiones importantes que afectan a su desarrollo, educación, salud y bienestar.
Por tanto, aunque uno de los progenitores tenga atribuida la custodia exclusiva, si ambos conservan el ejercicio conjunto de la patria potestad, las decisiones relevantes sobre la escolarización deben adoptarse de común acuerdo.
La elección del centro educativo, así como determinados cambios de colegio, no son decisiones que uno de los progenitores pueda adoptar unilateralmente por el mero hecho de ostentar la custodia.
¿Qué ocurre si uno de los padres quiere un colegio religioso y el otro uno laico?
Precisamente esta fue la controversia que dio lugar a la Sentencia 26/2024 del Tribunal Constitucional.
En aquel supuesto, los progenitores, que estaban divorciados y tenían establecida una custodia compartida, discrepaban sobre el centro educativo al que debía acudir su hija.
El padre defendía la escolarización en un colegio concertado religioso, mientras que la madre prefería un centro público aconfesional.
Ante la falta de acuerdo, el padre acudió al procedimiento judicial correspondiente para que se le atribuyera la facultad de decidir sobre la escolarización.
Inicialmente, el Juzgado dio la razón al padre, considerando que el centro religioso ofrecía determinadas ventajas educativas, como una mayor oferta de actividades, enseñanza de idiomas y continuidad durante las distintas etapas escolares.
Como solución para respetar las convicciones de la madre, se estableció que la menor pudiera cursar una actividad alternativa a la asignatura de religión.
Sin embargo, la madre recurrió al entender que esa solución no protegía adecuadamente sus derechos fundamentales, puesto que el carácter religioso del centro no se limitaba a una asignatura concreta, sino que impregnaba su proyecto educativo.
Finalmente, el asunto llegó al Tribunal Constitucional.
¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la elección de un colegio religioso?
La Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2024, de 14 de febrero, estimó el recurso de amparo interpuesto por la madre.
El Tribunal consideró que las resoluciones judiciales anteriores no habían ponderado adecuadamente los derechos fundamentales que estaban en conflicto.
En particular, destacó la importancia del artículo 27.3 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones.
Pero la sentencia introduce una consideración fundamental: los hijos también son titulares de derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad religiosa y de creencias.
Esto significa que, cuando los progenitores mantienen posiciones religiosas profundamente enfrentadas, la decisión judicial no puede limitarse a determinar qué colegio ofrece mejores instalaciones, más idiomas o una mayor oferta de actividades extraescolares.
También debe analizarse cómo afecta la elección del centro al derecho del menor a desarrollar libremente sus propias convicciones.
En el caso examinado, el Tribunal Constitucional consideró que, ante una discrepancia sustancial e irreconciliable sobre la formación religiosa, lo más acorde con el interés superior de la menor era procurar un entorno educativo de neutralidad que permitiera preservar su futura libertad de elección.
En consecuencia, declaró vulnerado el derecho fundamental de la madre reconocido en el artículo 27.3 de la Constitución, anuló las resoluciones judiciales anteriores y ordenó que se dictara una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales afectados.
Conviene precisar que esta sentencia no significa que los colegios religiosos estén prohibidos ni que, ante cualquier desacuerdo, deba elegirse automáticamente un colegio público. Su doctrina debe interpretarse atendiendo a las circunstancias concretas del conflicto y a los derechos fundamentales en juego.
¿Puede uno de los progenitores cambiar a su hijo de colegio sin el consentimiento del otro?
Con carácter general, cuando ambos progenitores ejercen conjuntamente la patria potestad, un cambio relevante de centro escolar requiere el consentimiento de ambos o, en caso de desacuerdo, la correspondiente decisión judicial.
No basta con que uno de los progenitores considere que el nuevo colegio es mejor, está más cerca de su domicilio o resulta más conveniente para su organización personal.
La elección de colegio puede afectar a aspectos fundamentales de la vida del menor, como su estabilidad, sus relaciones sociales, su proyecto educativo, sus desplazamientos o sus necesidades particulares.
Por eso, cuando existe una oposición expresa del otro progenitor, lo recomendable es no adoptar unilateralmente una decisión que pueda generar un nuevo conflicto judicial.
No obstante, deben valorarse las circunstancias de cada caso, la existencia de autorizaciones previas y el alcance de las medidas judiciales vigentes.
¿Cómo se resuelve judicialmente un desacuerdo sobre la elección del colegio?
Cuando los progenitores no consiguen alcanzar un acuerdo, cualquiera de ellos puede solicitar la intervención judicial por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad.
Este mecanismo se encuentra regulado en el artículo 156 del Código Civil, en relación con los artículos 85 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
En estos procedimientos, el Juzgado escucha las posiciones de los progenitores y valora las circunstancias relevantes para resolver el conflicto.
Entre otras cuestiones, pueden resultar importantes:
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La edad y el grado de madurez del menor.
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Su situación escolar y su arraigo en el centro educativo.
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Las necesidades educativas, emocionales y personales del hijo.
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La distancia entre el colegio y los domicilios familiares.
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La organización de los progenitores y su disponibilidad.
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El proyecto educativo de los centros propuestos.
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El coste de la escolarización y la capacidad económica familiar.
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Los derechos fundamentales que puedan resultar afectados.
Cuando corresponda, también deberá garantizarse el derecho del menor a ser oído.
Es importante comprender que el Juzgado no decide qué progenitor tiene razón en términos personales, sino qué solución resulta más adecuada para el menor, ponderando las circunstancias y los derechos afectados.
¿Influye tener la custodia compartida o exclusiva?
La modalidad de custodia no determina por sí sola quién puede elegir el colegio.
En una custodia compartida, ambos progenitores suelen mantener el ejercicio conjunto de la patria potestad.
Pero también puede suceder exactamente lo mismo cuando existe una custodia exclusiva atribuida a uno de ellos.
Por tanto, tener la custodia exclusiva no equivale a tener la facultad exclusiva de decidir sobre la educación de los hijos.
La cuestión esencial es determinar quién ejerce la patria potestad y si existe alguna resolución judicial que atribuya específicamente a uno de los progenitores la facultad de decidir sobre una materia concreta.
Esta distinción resulta fundamental para evitar actuaciones unilaterales que puedan terminar judicializándose.
¿Qué sucede si el desacuerdo se produce justo antes de comenzar el curso escolar?
Los conflictos relacionados con la escolarización suelen agravarse cuando se aproximan los plazos de matrícula o el comienzo del curso.
En estas situaciones, el tiempo puede convertirse en un factor especialmente importante.
Por ello, es recomendable buscar asesoramiento jurídico cuanto antes, analizar las alternativas educativas disponibles y valorar la vía judicial adecuada si no es posible alcanzar un acuerdo.
La urgencia de la situación no elimina la necesidad de respetar el ejercicio conjunto de la patria potestad, aunque puede justificar que se solicite una respuesta judicial adaptada a los plazos escolares.
La importancia de contar con un abogado de familia en Madrid ante un desacuerdo sobre la escolarización
Los conflictos relacionados con la elección de colegio pueden parecer, inicialmente, simples discrepancias educativas.
Sin embargo, en muchas ocasiones implican cuestiones jurídicas mucho más complejas: el ejercicio de la patria potestad, la libertad religiosa, el derecho a la educación, la estabilidad de los hijos y los límites de las decisiones que puede adoptar cada progenitor.
La Sentencia 26/2024 del Tribunal Constitucional recuerda precisamente que estos conflictos no pueden resolverse atendiendo únicamente a las preferencias de los adultos.
El interés superior del menor debe constituir el eje central de cualquier decisión, especialmente cuando están comprometidos sus derechos fundamentales.
Como abogada de familia en Madrid, asesoro y represento a progenitores en procedimientos relacionados con desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad, elección y cambio de centro escolar, custodia, divorcios y modificaciones de medidas.
Mi objetivo es encontrar soluciones que protejan los derechos de los hijos y permitan abordar estos conflictos desde una perspectiva jurídica rigurosa, evitando, siempre que sea posible, que las discrepancias entre los progenitores terminen perjudicando a los menores.
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Referencia jurisprudencial: Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2024, de 14 de febrero, recurso de amparo 4958-2021. Artículos 16 y 27 de la Constitución Española; artículo 156 del Código Civil; artículos 85 y siguientes de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria.